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La cárcel y la policía andan mal, muy mal



Para nadie es un secreto que la cárcel es fuente de corrupción, que existen redes ilegales entre guardianes y privados de la libertad, hacinamiento para quienes no tienen recursos –al interior del centro penitenciario-, así como graves violaciones a los derechos humanos de los prisioneros políticos y de delito común. A lo anterior, debemos sumar las casas de pique salidas a la luz pública en 2001, en por los menos cuatro centros penitenciarios del país, donde los jefes paramilitares ordenaban torturas y descuartizamientos de seres humanos detractores o deudores pendientes, cuyos restos eran llevados a una porqueriza en el municipio de Soacha –en el caso de la modelo-, y siempre la institucionalidad se hizo la de la vista gorda con los hechos. Por su parte, la Policía Nacional también se encuentra en escándalos de corrupción, abuso de la fuerza y asesinato. Un caso icónico puede ser el de la llamada “comunidad del anillo”. Un reciente escándalo que involucra altos mandos de la Policía en una red de proxenetas, que prostituye a mandos medios y bajos. Fue descubierta en 2006 por la cadete Lina Maritza Zapata quien fue asesinada por un disparo en su rostro. El cadete Lucumí que encontró el cuerpo sin vida de Lina Maritza Zapata fue asesinado semanas después. Las denuncias de la madre de la cadete, la señora Adíela Gómez, la llevaron al exilio por amenazas contra su vida. El ex – general de la Policía, Rodolfo Palomino, se encuentra en investigaciones al estar en vuelto en dicho escándalo.

Uno y otro caso nos llevan a cuestionarnos sobre el lugar que ocupan dichas instituciones en tiempos de pos acuerdo. La necesaria reestructuración de la cárcel como verdadero dispositivo de resocialización, en el cuál sean fines primordiales la educación y la terapia antes que la represión, así como el fortalecimiento de la prevención ante el delito común, en el marco de reformas estructurales que permitan una democratización económica y política del país . Sumado a lo anterior, es necesaria la restructuración de las fuerzas coercitivas, la constitución de una doctrina militar-policiaca democrática y la justicia contra la impunidad reinante en la institucionalidad Colombiana. [if !supportLineBreakNewLine] [endif]

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