El gobierno Nacional ya le puso fecha a la firma del acuerdo de Paz con las FARC-EP. Si bien dicha insurgencia nunca se ha mostrado de acuerdo con la delimitación temporal a los diálogos, lo cierto es que todo parece indicar que este año habrá acuerdo. Así mismo, ya es una realidad el inicio de diálogos públicos con el Ejército de Liberación Nacional -ELN-. Falta ver qué irá a pasar con la tercera insurgencia del país, el Ejército Popular de Liberación –EPL-. A pesar de lo anterior, sigue irresuelto el problema del “Neo paramilitarismo” y/o BACRIM, con amenazas y asesinatos a miembros del movimiento social Colombiano sin soluciones claras a la vista, por parte del Gobierno Nacional.
En resumen, se abre un panorama que da pie a lo que algunos llaman “Posconflicto” pero que los movimientos sociales prefieren llamar “Pos acuerdo” –ya que el conflicto social continua- que no pinta tan blanco como la paloma de la Paz, sino más bien gris para los sectores populares que han soportado históricamente el peso de la degradación del conflicto armado. El 2016 inició con el exiguo aumento del salario mínimo, aumento que se encuentra por debajo de la inflación y del mínimo vital consagrado en la constitución política, que no tiene en cuenta el sostenimiento –si este es el caso- del núcleo familiar. Así como la propuesta del aumento del IVA, medida típica del neoliberalismo para dejar caer sobre el bolsillo de la población las consecuencias de su política de extranjerización, desindustrialización y reprimarización de la economía de nuestra nación. A su vez, inicio con un aumento en el salario de los congresistas de $1’749.000 para quedar con un valor de $26’749.000. EL 2016 también se inicia con la decisión –ya contemplada en el anterior gobierno de Álvaro Uribe- de ejecutar la completa entrega a los privados de la empresa de generación eléctrica ISAGEN de cobertura nacional, donde el Estado cuenta con el 57% de acciones, poniendo a la venta una nueva ficha de la soberanía nacional, a pesar de su rentabilidad, para la financiación de supuesta infraestructura, facilitando la evidente campaña política que adelanta el vicepresidente Vargas Lleras a las elecciones del ejecutivo de 2018 -ya que es éste quien entrega las obras-, sin prever la sostenibilidad económica del país dejándolo cada vez a más a la deriva de las crisis del mercado internacional. El campo, el de los campesinos, tampoco lo tienen fácil con las Zonas de Interés de Desarrollo Rural Económico y Social (ZIDRES), iniciativa del gobierno nacional que promueve la entrega de baldíos no a campesinos sin tierra y campesinos víctimas del conflicto social y armado sino a latifundistas y a empresas multinacionales que impulsan la nociva agroindustria. Una medida no de reforma agraria integral sino de contra reforma que agudiza el problema originador de la violencia, el problema de la distribución de la tierra. Con lo anterior, especialmente con lo referido al salario y al IVA, se siente la indignación de la gente de a pie, de la gente del común, que no se mueve por agendas políticas sino por las incidencias directas, concretas y perceptibles en su cotidianidad, de las decisiones de la clase política y empresarial en detrimento de la clase trabajadora. Indignación ambigua ya existente en los sentidos comunes de los sectores populares que se agudiza cuando las crisis se muestran de forma clara y precisa. Dicha indignación que no espera los lentos pasos de las grandes organizaciones alternativas al régimen, sean las centrales sindicales, los partidos o los movimientos políticos, están exigiendo posiciones firmes que defiendan sus intereses, están exigiendo movilización, y en unos casos, de forma contundente, están exigiendo Paro. Están dispuestas las condiciones, y está dispuesto lo más importante, la indignación de la gente del común, de los directos afectados de las decisiones del mal gobierno. Está dispuesto por ende, el camino para que el constituyente primario, el soberano, el pueblo colombiano exija lo necesario para una vida digna. Es el momento de mostrar lo falso de la idea de “pos conflicto” del Gobierno Nacional, de ese supuesto paraíso cuando se sigue evidenciando el conflicto social, y mostrar la urgencia de justicia social para una verdadera paz a partir de la organización y convocatoria, con reivindicaciones claras, amplias y contundentes de un Paro Cívico Nacional.
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